Francia vive su semana más caliente en años. El 17 de octubre marcharon 550 mil personas según el Ministerio del Interior (800 mil, según la CGT), y hubo saqueos, incendios y ataques a edificios públicos en varias ciudades.
El detonante es el presupuesto 2027 del gobierno de Macron y su primer ministro, Sébastien Lecornu: un ajuste de unos 54 mil millones de euros (otros medios hablan de 43 mil) con recortes que pegan a jubilados, empleados públicos y gobiernos locales. A los funcionarios les congelaron el índice salarial; los gremios dicen que su poder de compra ha caído más de 16% desde 2017.
El 29 de septiembre, las ocho organizaciones de la función pública hicieron juntas una huelga, algo que no ocurría desde 2018. Entre 206 mil (Interior) y más de 300 mil (CGT) salieron a las calles.
Macron anunció conversaciones con los sectores sociales y una revisión del operativo policial. La CGT ya convocó huelga general para el 5 de noviembre, y el presupuesto aún debe pasar por un Parlamento donde el Partido Socialista lo llama regresivo e injusto.
Mientras el gobierno francés recorta, la gente sale a gritar. La pregunta es cuánto aguanta un país cuando el ajuste siempre cae sobre los mismos.
