La Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, a cargo de Magdala Fernanda Chávez Cruz, expuso las CURP completas de 30 mil 924 menores que aspiraban a un lugar en bachillerato. La misma ley que la dependencia invoca para defenderse contempla multas de hasta 175 mil pesos por este tipo de manejo de datos.
La SEP asegura que actuó en "estricto apego" a la Ley de Protección de Datos Personales, y explica que los espacios se asignaron con el Algoritmo Gale-Shapley, coordinado con la SEP federal, que ubicó a los 30 mil 924 estudiantes en 650 planteles.
El problema es que los artículos que cita la dependencia hablan de mantener los datos "exactos, completos y actualizados" para procesarlos, no de autorización para publicarlos en internet. Usar la CURP para operar el algoritmo es una cosa; exhibirla ante cualquiera es otra muy distinta, y la SEP nunca explicó por qué era necesario hacerlo.
El caso pesa más porque se trata de menores de edad, para quienes la ley exige una protección reforzada. Tanto la legislación estatal como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen su derecho a la privacidad y a que sus datos no circulen sin justificación.
Irónicamente, la misma ley que la SEP usa como defensa también castiga a los servidores públicos que divulguen datos personales de forma indebida, con amonestaciones públicas y multas de entre 17 mil 596 y 175 mil 965 pesos, según la UMA vigente en 2026. La pregunta que queda es si alguien va a pagar esa multa, o si el "estricto apego a la ley" solo aplicó a la parte que le convino citar.