La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que busca derribar el muro de opacidad en las filiales de Pemex y CFE, las cuales solían escudarse en el derecho privado para ocultar información.
Con esta nueva medida, las empresas paraestatales deberán hacer públicos sus contratos, estados financieros e informes mensuales, además de limitar la discrecionalidad al clasificar documentos de "seguridad nacional".
La reforma administrativa, coordinada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dará un plazo de 30 días a las dependencias para integrar toda esta información a la Plataforma Nacional de Transparencia.
El cambio toca un punto neurálgico del presupuesto público: los contratos millonarios que solían asignarse en lo oscurito a través de subsidiarias fuera del radar ciudadano.
La gran incógnita sigue siendo si esta medida bastará para erradicar las viejas prácticas de opacidad o si las dependencias encontrarán nuevos recovecos legales para seguir ocultando datos.