México importa hasta 65% del diésel que consume, y de esas importaciones, 99% viene de Estados Unidos. Para evitar que el gasolinazo internacional golpee a la población, el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene un subsidio histórico: 100% del IEPS (7.36 pesos por litro) más un estímulo complementario de 1.84 pesos, para topar el precio en 27 pesos cuando sin ese apoyo estaría en 36.19.
El costo ya se siente en ambos lados: al menos 173 gasolineras han suspendido la venta de diésel por incosteable, y el huachicol fiscal —diésel introducido ilegalmente declarando volúmenes falsos— se disparó 520% en cinco meses, hasta 102 mil barriles diarios que ya cubren 12% de la demanda nacional, según el Observatorio Ciudadano de la Energía.
Mientras Hacienda gasta más de 1,750 millones de pesos mensuales en sostener el precio del diésel —el combustible que mueve la canasta básica y el transporte de carga—, la conversación pública se la roba por completo el operativo en Juchitán contra «Quetu»: marinos, helicópteros y un municipio entero desaparecido en 15 minutos. Cortina de humo perfecta para no hablar de la quiebra energética.
Nos tienen hablando del listón que no cortó «Quetu» mientras en las gasolineras ya no hay diésel para mover la comida del país.