Desde el primer convite del 1 de julio, la Guelaguetza 2026 no ha podido esconder el malestar hacia el gobierno estatal. Ese día, el secretario de Culturas y Artes, Flavio Sosa Villavicencio, fue recibido con silbidos y gritos de «¡fuera!» en la Plaza de la Danza; apenas alcanzó a hablar poco más de un minuto antes de inaugurar el evento a las carreras.
Dos semanas después, trabajadores de confianza y eventuales del gobierno estatal denunciaron que se les obligó a llenar el palco D del Auditorio y llevar al menos 20 invitados cada uno para los Lunes del Cerro, bajo amenaza de no recibir su quincena si no cumplían. La consigna, según los empleados: evitar que se repitieran los abucheos.
La operación no impidió que la protesta llegara hasta el corazón de la fiesta. Durante el Desfile de Delegaciones, familiares y amigos del periodista Alejandro Leyva Aguilar —asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla— marcharon exigiendo justicia con mantas y consignas. Grupos de choque que acompañaban a funcionarios intentaron bloquear la manifestación, y el propio gobernador tuvo que ser retirado del recorrido para evitar un enfrentamiento.
En paralelo, trabajadores del CSEIIO mantuvieron el cerco a los accesos del Cerro del Fortín exigiendo la salida de su director general, señalado por corrupción, mientras la Sección 22 de la CNTE realizó, una vez más, su Guelaguetza Magisterial y Popular como gesto de resistencia a lo que llaman la mercantilización oficial de la fiesta.
Entre el acarreo para llenar butacas y los operativos para bloquear protestas, la Guelaguetza 2026 dejó una imagen clara: el gobierno de Oaxaca gastó más energía en controlar la narrativa que en resolver las causas de fondo del descontento.