La madrugada del 16 de julio, dos vagones de carga se salieron de la vía en el kilómetro 230+800 de la Línea Z del Tren Interoceánico, entre Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec. No hubo heridos ni muertos: el convoy regresaba de Veracruz cargado solo de mercancía.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió las palabras con cuidado: «Más que descarrilamiento, se movió; o sea, no cayeron completamente los vagones… pero sí fue un incidente.» Un matiz que a los oídos del Istmo suena más a maquillaje que a transparencia.
El detalle que nadie puede minimizar: el percance ocurrió exactamente en la misma curva donde, el 28 de diciembre de 2025, un descarrilamiento de pasajeros dejó 14 muertos. Desde entonces, la velocidad en ese tramo está limitada a 30 km/h —tras culpar a los operadores por rebasar el límite de 50 km/h que provocó la tragedia—, y el servicio de pasajeros sigue suspendido hasta hoy.
Para el gobierno federal, este es apenas «un incidente» en revisión. Para las comunidades que viven junto a esa curva, es la misma señal de alarma de siempre: las prisas por operar el Interoceánico siguen pesando más que el mantenimiento real de la vía.