La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe donde acusa al exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, de haber mentido sobre la participación de agencias estadounidenses en la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. La chispa: un avión exhibido públicamente por el FBI, que la propia agencia reconoce como parte de la operación de traslado del capo en 2024.
Salazar había declarado en su momento que ninguna agencia de EU participó en la detención. La Secretaría de Gobernación ya advirtió que, de confirmarse la intervención del FBI sin avisar al gobierno mexicano, se habría violado la Constitución y tratados internacionales.
Mientras México discute soberanía y exige explicaciones, la justicia estadounidense ya cerró el capítulo: «El Mayo» aceptó una cadena perpetua y solo pide que su sentencia —programada para el 20 de julio— se cumpla en una prisión con atención médica, dado su delicado estado de salud a los 75 años.
Es el contraste de siempre: mientras el gobierno mexicano exige respuestas sobre el «cómo» se lo llevaron, Washington ya decidió el resto de su vida. La soberanía se defiende en la mañanera; la justicia real, una vez más, se resuelve fuera del país.