La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León dio luz verde este 12 de junio para iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. La acusación: una presunta triangulación de cerca de mil millones de pesos de recursos públicos hacia despachos y empresas vinculadas con su entorno familiar.
La votación dejó ver una alianza poco habitual. Seis votos a favor —de legisladores del PAN, el PRI y una diputada de Morena— y solo uno en contra, de Movimiento Ciudadano, el propio partido del gobernador. Cuando hasta tus aliados naturales se quedan solos defendiéndote, algo dice eso del desgaste político.
El expediente, impulsado originalmente por la dirigencia estatal de Morena, no se queda en la triangulación de recursos: también incluye señalamientos por presuntos actos de corrupción y peculado. En otras palabras, dinero público que habría terminado en bolsillos cercanos al gobernador.
García fue citado para presentar su defensa el próximo 23 de junio a las 16:00 horas ante el pleno del Congreso. Ahí también se decidirá si el proceso avanza hacia una posible destitución, para lo cual se necesitaría una mayoría calificada, algo que en Nuevo León no ha sido nada sencillo de conseguir.
Y no es la primera vez que el gobernador enfrenta un proceso de este tipo: ya ha sobrevivido otros intentos de juicio político en años anteriores. La pregunta que queda en el aire es si esta vez el desgaste y la presión serán suficientes, o si se trata de otro capítulo más de un pleito político que, hasta ahora, no ha llevado a nada.