El director de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez, removió a seis agentes implicados en un esquema de fraude y retención ilegal de vehículos, pero en lugar de asumir responsabilidad, salió a quejarse de un «linchamiento mediático terrible» y calificó de «chismes» las denuncias publicadas en redes sociales.
El modus operandi denunciado por ciudadanos es concreto: particulares usan menores de edad para simular emergencias médicas, venden vehículos a bajo precio, y días después agentes los recuperan ilegalmente, sin órdenes de cateo ni reportes oficiales. Las víctimas se quedan sin dinero y sin coche.
Toribio también acusó de «mala fe» a los compradores que cayeron en el esquema. El mensaje es claro: los afectados tienen la culpa, no los elementos de su corporación. La investigación administrativa también alcanza a responsables de turnos de patrullas, motopatrullas y el área de peritos.
El gobernador Salomón Jara no tomó posición pública. La Fiscalía recibió el asunto sin declaraciones desde Palacio.
¿Cuántas denuncias más hacen falta para que la remoción de Toribio sí esté sobre la mesa?