En sus conferencias semanales, el gobierno de Salomón Jara y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Félix Quiroz Javier, insisten en que Oaxaca es la quinta entidad más segura del país y presumen una reducción de hasta 32% en la incidencia delictiva.
Es maquillaje institucional: confunden la caída en denuncias ciudadanas —generada por el miedo y la impunidad en los ministerios públicos— con una supuesta ausencia de delitos.
Mientras los boletines presumen operativos con nombres rimbombantes como «Cazador», «Sellamiento» y «Cero Tolerancia», en las calles siguen ocurriendo ejecuciones a plena luz del día en Valles Centrales, asaltos a transportistas en el Istmo y cobro de piso a comerciantes en la Costa.
La reciente creación de la fuerza de élite Binnizá, con 171 millones de pesos en equipo e inteligencia, es en sí misma la confesión de que la violencia de alto impacto no se había resuelto con los operativos anteriores.
La seguridad no se mide en diapositivas de PowerPoint ni en rankings que el propio gobierno difunde sobre sí mismo.
