El municipio enfrenta el remate judicial de un predio de una hectárea donde hoy operan la Unidad Básica de Rehabilitación y un pozo de agua potable del que depende buena parte de la población.
La deuda nace de un pagaré de 5 millones firmado en 2015 por el entonces alcalde Galdino Huerta, sin aval del Cabildo ni del Congreso estatal. Una década después, los intereses la duplicaron a más de 10 millones.
El actual edil pide auxilio al Congreso para salvar el predio, mientras quienes firmaron el compromiso sin autorización siguen sin rendir cuentas.