El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, solicitó a la Comisión Permanente exhortar al Senado a declarar la desaparición de poderes en Oaxaca, alegando un colapso institucional por la violencia, el despojo de tierras y el asesinato de periodistas y alcaldes bajo el gobierno de Salomón Jara.
Entre los casos que cita está el del periodista Alejandro Leyva, asesinado el mes pasado, como muestra de un patrón de impunidad que —dice— ya rebasó al gobierno estatal.
La respuesta de Morena llegó rápido: el senador Antonino Morales Toledo calificó la propuesta de «politiquería barata» y «resentimiento», y usó como defensa el éxito turístico y económico de la Guelaguetza 2026 como prueba de que en Oaxaca «hay gobernabilidad».
Morales Toledo fue más allá y acusó a Ramírez de usar la muerte de un periodista para hacer política, calificándolo como «la mayor bajeza».
Mientras el debate se libra entre discursos en la Ciudad de México, en Oaxaca la pregunta sigue sin resolverse: ¿puede una temporada récord de turismo compensar una ola de asesinatos que no se detiene?