El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. La acusación incluye facilitación de operaciones de narcotráfico hacia EU, protección al crimen organizado y actividades relacionadas con armas.
Rocha Moya respondió como suelen responder: negó todo y convirtió el caso en narrativa de persecución política. «No es solo contra mí, es contra la 4T», dijo. El manual de siempre.
Lo que no se puede disfrazar es el tamaño del golpe. No es un señalamiento menor ni una filtración anónima: es el gobierno estadounidense presentando cargos formales contra un gobernador en funciones. Eso no pasa todos los días.
Y mientras Morena busca cómo encuadrar el escándalo, el gobierno federal guarda un silencio calculado que ya empieza a generar ruido. Porque aquí la contradicción es enorme: el movimiento que prometió acabar con la corrupción tiene ahora a uno de sus gobernadores señalado por el país vecino de colaborar con el narco.
La pregunta que nadie en Palacio Nacional quiere responder es la más obvia: si EU ya judicializó el caso, ¿cuál es la postura real de México?