El reciente multihomicidio registrado en este municipio del Istmo, donde perdió la vida un familiar directo del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad en Oaxaca y ha puesto en entredicho el discurso oficial que, durante meses, buscó minimizar la violencia en la región.
Desde la administración estatal se había sostenido que gran parte de los hechos violentos respondían a “ajustes de cuentas entre grupos criminales”, una narrativa que hoy resulta insuficiente frente a la escalada de violencia que enfrentan comunidades como Juchitán, donde el cobro de piso, las ejecuciones y la presencia del crimen organizado forman parte de la vida cotidiana.
El caso ha generado un fuerte contraste con declaraciones previas del propio titular de la Secretaría de Gobierno, quien en diversas ocasiones defendió los indicadores de seguridad en Oaxaca comparándolos con entidades como Guanajuato o Nuevo León. Sin embargo, para la población local, estas comparaciones poco aportan ante una realidad marcada por la inseguridad persistente.
Más allá del impacto personal y político del hecho, el multihomicidio también ha puesto bajo la lupa la estructura interna del gobierno estatal, luego de que se confirmara que la víctima mantenía vínculos familiares con funcionarios de alto nivel en la Secretaría de Gobierno.
En este contexto, especialistas y voces críticas señalan que el problema de fondo no solo radica en la violencia, sino en la falta de resultados tangibles de las estrategias implementadas, como los operativos “Sable” e “Istmo en Paz”, cuya efectividad ha sido cuestionada ante la continuidad de los hechos delictivos en la región.
La situación en el Istmo refleja un escenario complejo en el que la percepción de inseguridad se mantiene alta, mientras crece la exigencia ciudadana por una política de seguridad más efectiva, transparente y enfocada en resultados.
El caso de Juchitán no solo deja luto, sino también interrogantes: sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, sobre la eficacia de sus estrategias y sobre la urgencia de replantear el rumbo en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Oaxaca.