El presidente estadounidense, Donald Trump, dio instrucciones a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para ampliar los arrestos y deportaciones en las principales ciudades con gobiernos demócratas, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó estas urbes como “el núcleo del poder demócrata”, acusándolas de usar a los inmigrantes sin documentos para “engrosar su base electoral” y fortalecer niveles de bienestar estatal. Ordenó que ICE “ponga todos los recursos posibles” para ejecutar lo que calificó como el “programa de deportación masiva más grande de la historia”.
Esta nueva directriz también pretende elevar el ritmo de arrestos diarios a 3 000 personas, frente a los alrededor de 650 que reportaba ICE en los primeros meses del mandato de Trump, según su asesor migratorio Stephen Miller.
⚠️ Tensión política y desafíos logísticos
El anuncio ocurre en medio de crecientes protestas —bajo lemas como “No Kings”— en Los Ángeles y otras ciudades, donde ya se han movilizado miles de tropas de la Guardia Nacional y marines, pese a la oposición de autoridades locales y demandas legales. Las organizaciones civiles y autoridades estatales califican la acción como “injerencista” y temen por la violación de derechos de los inmigrantes.
Además, ICE enfrenta una crisis presupuestal, con más de 1 000 millones de dólares en sobregiro, lo que pone en duda la sostenibilidad de esta estrategia . A pesar de ello, Trump impulsa un ambicioso paquete legislativo para destinar 75 000 millones de dólares a ICE en los próximos cinco años .
🔍 ¿Qué está en juego?
- Legalidad: Abogados y expertos alertan que estas deportaciones masivas podrían violar garantías constitucionales y leyes como la Posse Comitatus, que regulan el uso de la milicia federal.
- Reacción internacional: El endurecimiento podría tensar la relación de EE. UU. con gobernadores demócratas, y agravar críticas sobre derechos humanos.
- Impacto comunitario: Sectores como la agricultura y el turismo temen desabasto y éxodo laboral si se intensifican los operativos alegales