La administración del presidente Donald Trump ha revocado la autorización de la Universidad de Harvard para admitir nuevos estudiantes extranjeros, una decisión que también pone en riesgo el estatus legal de los alumnos internacionales actualmente matriculados. La medida, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se produce en medio de un creciente conflicto entre el gobierno estadounidense y la prestigiosa institución académica.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la decisión se aplica de forma inmediata y forma parte de una serie de represalias contra Harvard, a la que se acusa de colaborar con el Partido Comunista Chino y de fomentar ideologías contrarias al interés nacional. Además, se le reprocha por supuestas violaciones de derechos civiles y su manejo de protestas propalestinas.
La universidad ha calificado la decisión de «ilegal» y se espera que impugne judicialmente la medida. Esta acción se suma a otras represalias, como la congelación de fondos federales por más de 2.600 millones de dólares y amenazas de retirar la exención de impuestos a la universidad.
La medida afecta a aproximadamente 6.800 estudiantes internacionales, que representan cerca del 27% del alumnado de Harvard. Estos estudiantes deberán transferirse a otras instituciones o enfrentar la pérdida de su estatus legal en Estados Unidos.
La comunidad académica ha expresado su rechazo a la medida, considerándola un ataque a la autonomía universitaria y a la diversidad en la educación superior. Se espera que el conflicto entre Harvard y la administración Trump continúe escalando en los tribunales y en la opinión pública.