Junio ha sido un mes especialmente violento para la clase política local en Oaxaca: cinco ataques contra funcionarios municipales, tres de ellos mortales. En lo que va del año ya son al menos ocho hechos violentos que han cobrado la vida de un presidente municipal en funciones, tres expresidentes, un exregidor y una asambleísta.
Entre los casos más recientes están el asesinato de Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, el 13 de junio —semanas después de que él mismo denunciara públicamente la inseguridad en la región y fuera víctima de un asalto en carretera—; el ataque contra Isela Lizbeth González López, asambleísta del PRD, en Santiago Pinotepa Nacional; y el homicidio de Carlos Orocio, expresidente municipal de San Juan Quiahié, junto con su hijo.
La lista no es nueva: se suman los nombres de Silvestre Vázquez Sánchez, Francisco Gijón Vázquez, César Figueroa —alcalde de Miahuatlán— y José Alberto Martínez Luna. Detrás de buena parte de estos ataques, señalan especialistas, está la disputa por el control de los municipios, con el crimen organizado metiendo la mano en candidaturas y recursos públicos.
La paradoja es incómoda: Oaxaca ocupa el lugar 8 a nivel nacional en el Índice de Paz México 2026, subiendo siete posiciones respecto a años anteriores. En el papel, es de los estados más pacíficos del país. En los municipios, mientras tanto, ser autoridad local se ha vuelto una sentencia de riesgo.
Con el proceso electoral de 2027 ya en el horizonte, la pregunta que queda flotando es si alguien va a proteger a quienes gobiernan los municipios, o si la violencia política seguirá decidiendo quién puede —y quién no— ocupar un cargo en Oaxaca.