Los juzgados federales de Oaxaca amanecieron parados. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación tomaron las instalaciones de San Bartolo Coyotepec y bloquearon la avenida Juárez, en el Paseo Juárez El Llano, en la capital. Se sumaron así a un paro nacional que ya alcanza sedes de al menos 16 estados.
No es un paro contra la rendición de cuentas. Lo dicen ellos mismos. «Pretenden evaluarnos con criterios subjetivos, sin criterios establecidos y sin ningún tipo de parámetro», denunció Carlos Robles, representante del movimiento. Y aclaró: «No nos negamos a que nos evalúen».
Lo que denuncian
El problema, dicen, está en el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, del Órgano de Administración Judicial (OAJ). Según la denuncia de los inconformes, el 40% de la evaluación sería un examen de conocimientos y el 60% dictámenes de mandos superiores. Es decir, la mayor parte de la calificación dependería de la opinión de sus jefes.
Aplica a todo el personal de carrera judicial: oficiales, actuarios y secretarios, quienes mantienen funcionando los juzgados. Temen que ese esquema abra la puerta a despidos injustificados, sobre todo para quienes llevan entre 20 y 30 años de carrera, y acusan que podría dejar espacios para personas cercanas a los actuales responsables. En Oaxaca, representantes sindicales calculan que están en riesgo las plazas de al menos 2 mil trabajadores.
El calendario aprieta: la inscripción arranca el 11 de noviembre y las evaluaciones están previstas para el 4, 5, 14 y 15 de diciembre.
La respuesta del OAJ
El OAJ asegura que la primera evaluación es diagnóstica, sin aprobación ni reprobación, y sin consecuencias individuales para la permanencia del personal.
La palabra importante es primera. De acuerdo con reportes, el esquema contempla evaluaciones cada dos años que podrían determinar la permanencia o la reubicación del personal. Los trabajadores preguntan lo obvio: ¿qué pasa con las siguientes, y quién decide con qué criterios?
Qué piden
Exigen que el OAJ abra el diálogo y retire el acuerdo, y que la evaluación tome en cuenta su formación, su experiencia y su trayectoria, con capacitación continua y oportunidades reales de crecimiento en la carrera judicial. Condicionan el fin del paro a que se les escuche.
Evaluar al personal no tiene nada de malo. Lo que genera desconfianza es que quien califica sea, en buena medida, el mismo que manda. Si el OAJ quiere que el paro termine, el camino es simple: reglas claras, criterios por escrito y una mesa de diálogo. Mientras tanto, los juzgados siguen parados, y quienes esperan una audiencia o un amparo pagan el costo.
