Reyes Mantecón cerró todo. Con maquinaria, vehículos y cuerpos humanos bloqueó cada acceso a la Ciudad Judicial de San Bartolo Coyotepec desde temprano. El argumento es de fondo: la agencia tiene fraccionamientos, genera actividad económica y aloja el complejo judicial más importante del estado, pero recibe una participación presupuestal que sus habitantes califican de vergonzosa. La recompensa por tener el aparato de justicia en tu patio trasero es, aparentemente, que te ignoren cuando pides tu parte.
El resultado fue el caos que se merecía la situación. Trabajadores del Poder Judicial, abogados, usuarios con citas, personas con audiencias penales: todos atrapados. Los videos del día mostraron a funcionarios escalando bardas, brincando rejas y cruzando caminos improvisados entre el barro. Trámites suspendidos, audiencias canceladas, justicia en pausa. Literalmente.
San Bartolo Coyotepec quedó en el ojo del huracán, no como ejecutor del bloqueo sino como el municipio que, en opinión de los manifestantes, se queda con el dinero sin repartirlo equitativamente entre sus agencias. Los manifestantes advirtieron que no levantarán la presión hasta ser atendidos con propuestas concretas, no con promesas de reunión.
El Poder Judicial de Oaxaca funciona en terreno prestado —o más bien, en terreno que no siente que le pertenezca. Y cuando la comunidad que lo aloja decide cobrar la renta, la justicia cierra sus puertas y los abogados empiezan a saltar rejas.
¿Cuántas comunidades más están sosteniendo infraestructura estatal sin recibir a cambio ni lo mínimo?