La Suprema Corte de Justicia atrajo un amparo que exige proteger formalmente el sitio arqueológico de Guiengola, en el Istmo de Tehuantepec. La demanda pide lo que debió pasar desde hace décadas: que el INAH lo declare zona de monumento arqueológico y garantice su conservación.
El problema no es nuevo. Guiengola ha sido saqueada, invadida y olvidada durante años mientras el gobierno federal presumía otros proyectos en la región. Las comunidades zapotecas que custodian el sitio nunca tuvieron voz en las decisiones sobre su propio patrimonio.
La Corte ahora tiene que decidir si México protege su memoria o la deja seguir perdiéndose. Que haya sido necesario llegar hasta ahí dice mucho sobre cómo el Estado trata el patrimonio indígena: como ruina, no como herencia viva.
La pregunta que queda: ¿cuántos sitios más están en la misma situación y nadie ha interpuesto un amparo?