El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó las autorizaciones para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en todo el país, golpeando a organismos dedicados a derechos humanos, medio ambiente, salud y educación.
La cancelación de los registros como donatarias autorizadas impide a estas organizaciones recibir aportaciones fiscalmente deducibles, lo que en la práctica compromete seriamente su financiamiento y operación.
Ante las críticas de activistas y organizaciones civiles, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de la decisión y señaló que el SAT es un organismo autónomo que actúa con base en criterios técnicos y fiscales, sin injerencia del Ejecutivo.
Sin embargo, representantes de las OSC afectadas cuestionaron la explicación, señalando que la mayoría de las organizaciones sancionadas han sido críticas de políticas del gobierno federal o trabajan en temas sensibles como transparencia, anticorrupción y derechos de las mujeres.
El SAT no ha publicado un listado oficial de las organizaciones afectadas ni ha explicado con detalle los criterios utilizados para revocar las autorizaciones, lo que ha generado aún más incertidumbre en el sector civil.