Oaxaca, Oax.- La jueza de Control Suzette Soto Pinacho, adscrita al Circuito de Cuicatlán, enfrenta serias acusaciones por presunto tráfico de influencias, abuso de poder, y actos de violencia hacia un menor de edad, quien podría ser su propio hijo. La denuncia, que ha generado amplio interés público, ha puesto en el foco el funcionamiento del sistema judicial en Oaxaca y las influencias detrás de los procesos.
Según los informes, la jueza habría entregado una suma de dinero a Irma Alejandra Castellanos Lagunas para influir en un caso que afectaría la vida de su propio hijo. El caso fue iniciado por Jaime Castellanos del Campo, padre del menor, quien recurrió a la vía federal para solicitar la escucha del niño. En sus declaraciones, el menor habría revelado abusos físicos y emocionales, presuntamente ejercidos tanto por su madre, la jueza, como por su pareja, Rodolfo Gandarillas, a quien se señala de posible tráfico de influencias en el sistema judicial oaxaqueño.
Las acusaciones contra la jueza han escalado debido a la presunta protección que recibe de su tío, Eduardo Pinacho Sánchez, ex Presidente del Tribunal de Justicia. Este vínculo familiar habría permitido a la jueza obtener supuestos beneficios dentro del sistema judicial, influir en sentencias y operar con impunidad. La existencia de un «Cártel del Tribunal», conformado por figuras judiciales con acceso a altos cargos y recursos, es una de las hipótesis que ahora se investiga.
El Caso del Menor y la Denuncia de Violencia
En una audiencia reciente, el menor declaró sufrir maltratos por parte de su madre y de la pareja de ésta, Rodolfo Gandarillas, quien ha sido señalado en otros casos. Las pruebas, que incluyen grabaciones de audio y video, resultaron en que las autoridades otorgaran temporalmente la custodia al padre, Jaime Castellanos del Campo, a pesar de las presiones políticas.
No obstante, en una acción que algunos consideran retaliatoria, Castellanos del Campo fue arrestado el pasado 25 de octubre tras un enfrentamiento con la policía. Relatos de testigos afirman que elementos de seguridad, supuestamente enviados por la regidora de Ecología de San Bartolo Coyotepec, entraron violentamente en la residencia del acusado, golpeándolo frente a sus hijos. Durante su detención, se alega que fue trasladado a la Vicefiscalía con lesiones notorias que fueron certificadas por la Fiscalía y documentadas en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso.
Posible Abuso de Autoridad en la Detención
Fuentes cercanas a Castellanos del Campo señalan que fue arrestado de forma arbitraria y que durante su detención sufrió violencia física, con fracturas y otras lesiones. Además, se reportó que fue sometido a una exhibición pública en San Bartolo Coyotepec y que elementos de la policía local habrían conservado objetos personales del detenido como «trofeos» del operativo. La familia del acusado argumenta que la situación fue orquestada para desprestigiarlo y desalentar su intento de obtener la custodia de su hijo.
Llamado a la Ética Judicial y las Implicaciones para la Justicia en Oaxaca
Este caso ha desencadenado preguntas sobre el sistema de justicia en Oaxaca. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han pedido una investigación transparente que esclarezca las presuntas irregularidades en la actuación de la jueza Soto Pinacho y otros actores judiciales implicados. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tomado interés en el caso, y la opinión pública cuestiona si la jueza continuará ejerciendo su cargo mientras es investigada por estas denuncias.
El desenlace de este caso marcará un precedente en Oaxaca. La defensa de Castellanos del Campo ya ha anunciado que, de ser necesario, el caso será llevado al ámbito federal, donde esperan que la justicia actúe sin influencia externa. Por ahora, el proceso sigue en curso y el estado de derecho en Oaxaca se encuentra bajo una vigilancia sin precedentes, dejando en el aire la pregunta de si se hará justicia para todas las partes involucradas.
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