El gobierno de Salomón Jara presumió que Oaxaca ocupa el quinto lugar entre los estados más seguros del país y que los conflictos municipales se han reducido. El dato, lanzado con orgullo institucional, no tardó en chocar con la realidad.
Juchitán con violencia activa. Feminicidios sin resolver. Asaltos en zonas comerciales. Huachicoleo en carreteras. Y una percepción ciudadana que no cuadra con ningún quinto lugar.
Los rankings de seguridad dicen lo que miden, y no siempre miden lo que la gente vive. Oaxaca puede salir bien en una métrica y mal en el día a día. Esa distancia entre el dato oficial y la experiencia cotidiana es, exactamente, el problema que el gobierno prefiere no discutir.