La nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo de Hugo Aguilar Ortiz, ha despertado críticas por el elevado número de asesores que tiene bajo su mando: 97 personas, según registros oficiales, distribuidas entre su ponencia, la Oficina de la Presidencia y la Coordinación General de Asesores.
Solo los asesores de su ponencia suman 60 colaboradores, quienes—junto con los de las otras áreas—costarían más de 6 millones de pesos mensuales al erario público.
Más allá de ese gasto directo, la Corte también impulsó un fuerte aumento presupuestal para 2026, con una solicitud que eleva el presupuesto del Poder Judicial en aproximadamente 15,000 millones de pesos.
Lo que falta aclarar:
- ¿En qué se justifica realmente la necesidad de casi cien asesores?, cuando en administraciones pasadas las oficinas presidenciales del tribunal trabajaban con muchos menos.
- ¿Cuánto de los 15 mil millones adicionales será realmente utilizado para mejorar acceso, impartición de justicia o infraestructura, vs. gasto operativo, privilegios o burocracia?
- ¿Qué tipo de sobrecostos o compensaciones especiales están vigentes (autos oficiales, servicios personales, prestaciones al margen)?
Este escenario levanta espinas: cuando se habla de austeridad y de recortes, parece que para algunos poderes u oficinas esa idea no aplica. Los ciudadanos merecen transparencia: cuánto se gasta, con qué fines, y si ese gasto tiene efecto real en mejorar la justicia.