El Congreso federal dio trámite exprés a dos piezas clave para la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum: la reforma de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva Ley de Investigación e Inteligencia en Seguridad.
Ambas iniciativas fueron empujadas sin debate público significativo y con una serie de ajustes de última hora promovidos por Morena, que incluyeron:
- Otorgar a la SSPC (liderada por Omar García Harfuch) acceso inmediato y sin orden judicial a bases de datos bancarias, biométricas y vehiculares.
- Eliminar el registro obligatorio de usuarios telefónicos —uno de los puntos más cuestionados— mientras se amplía el escrutinio y vigilancia sobre personas y comunidades.
- Facultar al nuevo Consejo Nacional de Seguridad para suspender recursos públicos a estados y municipios que no cumplan las directrices federales.
El dictamen fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados (445 a favor, 37 en contra), con respaldo parcial del PAN y MC, y el único rechazo del PRI, que alertó sobre la operación como un «albazo legislativo».
🚨 ¿Por qué es polémico?
- Aumento del poder central: el acceso directo sin judicialización a datos sensibles y la suspensión de fondos locales podrían erosionar la autonomía municipal.
- Transparencia limitada: el proceso acelerado y sin diálogo público agudiza la preocupación por un posible uso político o discrecional de las nuevas facultades.
- Militarización encubierta: la reforma de la Ley de la Guardia Nacional refuerza la coordinación con la Sedena, sin contrapesos claros para prevenir abusos.
🧭 ¿Y ahora qué sigue?
El Senado deberá aprobar esta legislación durante el periodo extraordinario (que concluye el 2 de julio), sin posibilidad aparente de mayores cambios