El gobernador Alejandro Armenta promulgó una controvertida reforma al Código Penal estatal, calificada por defensores de derechos como una auténtica “Ley Censura”. La nueva norma sanciona con hasta 3 años de prisión y multas elevadas a quienes incurran en el llamado “ciberasedio”, una figura legal vaga que abre la puerta a la persecución de opiniones incómodas en redes sociales.
La ley también castiga el espionaje digital y la suplantación de identidad en línea, pero el problema no está en sancionar delitos reales, sino en lo ambiguo de su redacción: podría usarse para silenciar periodistas, activistas y ciudadanos críticos.
Aunque Armenta anunció la organización de foros y mesas de diálogo tras la ola de críticas, la censura ya está aquí. Lo grave no es solo lo que pasa en Puebla, sino lo que podría venir después. Si esta ley se mantiene, puede convertirse en un modelo para otros estados del país que busquen blindar al régimen y acallar la crítica.
¿Qué está en riesgo?
- La libertad de expresión: El Estado da un paso firme hacia el control del discurso público, disfrazado de regulación digital.
- El periodismo independiente: Reporteros y medios locales alertan que podrían ser perseguidos por denunciar actos de corrupción o abuso de poder.
- La democracia misma: Si esta ley avanza sin resistencia, podría contagiar a todo el país y normalizar la censura como herramienta de gobierno.
Puebla es el laboratorio. México, el siguiente experimento.
¿Hasta dónde vamos a dejar que esto avance?