El Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca otorgó una suspensión provisional al decreto 24, promovido por el gobernador Salomón Jara Cruz y aprobado por el Congreso local, el cual provocó el despido de 1,344 trabajadores. Esta resolución beneficia a un grupo de empleados que promovieron un amparo, y establece medidas para garantizar su sustento mientras se resuelve el juicio.
Garantizan el “mínimo vital” para los trabajadores
La resolución ordena al gobierno estatal pagar al menos el 30% del salario bruto de los afectados como “derecho al mínimo vital”, conforme a la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este monto debe cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud durante el proceso legal.
Las autoridades responsables tienen tres días para informar la cantidad asignada a cada trabajador, la cual no debe ser inferior al salario tabular más bajo de la institución donde laboraban.
Despidos sin procedimiento legal
El juez destacó que el despido de los trabajadores no derivó de un procedimiento administrativo o disciplinario, lo que refuerza la necesidad de garantizar su subsistencia mientras se evalúa la constitucionalidad del decreto en el fondo del juicio.
Abogado busca el pago completo del salario
Víctor Hugo Carriedo Zarco, abogado de los trabajadores, calificó esta decisión como un “buen augurio” y destacó que el juez federal está velando por el interés de los empleados y sus familias. Sin embargo, anunció que buscará que se pague el salario completo, ya que muchos trabajadores son cabezas de familia y tienen dependientes económicos.
Este caso marca un importante precedente en la defensa de los derechos laborales y pone bajo escrutinio la legalidad del decreto emitido por el gobierno estatal.
