@DimePetri
En un país donde la imparcialidad de la justicia debería ser la columna vertebral del sistema democrático, el Senado de la República, con mayoría de Morena, ha aprobado las tres leyes secundarias de la Reforma Judicial. Según el oficialismo, estas reformas son la base para una justicia más «eficiente, transparente y cercana al pueblo». Sin embargo, bajo la lupa, estas medidas no parecen más que un intento por someter al Poder Judicial a los caprichos del gobierno.
Un golpe al equilibrio de poderes
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de la Carrera Judicial y las modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas han sido criticadas por la oposición, y con justa razón. Como lo señaló la senadora Claudia Anaya, estas leyes no atacan los problemas estructurales del sistema judicial, sino que centralizan más el poder en manos de Morena, comprometiendo la autonomía de los jueces y el equilibrio de poderes.
Lo más alarmante es la creación de un tribunal disciplinario que, lejos de garantizar la justicia, parece diseñado para funcionar como un «tribunal inquisitorio». Morena no busca fortalecer la justicia, sino doblegarla. Este tribunal puede convertirse en un instrumento político para castigar a los jueces que no sigan la línea del partido, eliminando cualquier vestigio de independencia judicial.
El espejismo de la justicia popular
Uno de los puntos más polémicos es la selección de jueces y magistrados por voto popular. Si bien puede sonar democrático en teoría, en la práctica esto abre la puerta a la politización total del Poder Judicial. Como denunció la senadora Anaya, el proceso estará controlado por comités de evaluación integrados por militantes de Morena. ¿El resultado? Un sistema lleno de inexpertos incapaces de garantizar justicia, y un mayor deterioro en la confianza de los ciudadanos.
Esta reforma no solo afecta a los usuarios del sistema judicial, sino también a los mercados internacionales, generando incertidumbre y debilitando la imagen de México como un país donde prevalece el Estado de derecho.
Un golpe a los trabajadores y las mujeres
La desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial es otro ataque directo, esta vez contra los trabajadores del sistema. Mientras Morena asegura que no habrá afectaciones, la realidad es que muchas prestaciones y derechos laborales de empleados de bajos ingresos quedarán vulnerados. Incluso la exministra Olga Sánchez Cordero, ahora diputada de Morena, reconoció los daños que esta medida causará.
Además, eliminar la Sala Regional Especializada, utilizada principalmente para denunciar violencia política de género, es un golpe directo a los derechos de las mujeres. La reforma no solo ignora estas necesidades, sino que elimina herramientas esenciales para protegerlas.
¿Reforma o autoritarismo?
El mayor problema de estas reformas no es su contenido, sino el contexto en el que se han aprobado. Morena ha mostrado una actitud intransigente y autoritaria, negándose a dialogar y descalificando cualquier propuesta de la oposición. Lo que debería ser un esfuerzo por mejorar el sistema judicial se ha convertido en un ejercicio de poder absoluto, donde la voz del disenso es ignorada o ridiculizada.
En palabras de Claudia Anaya: «Politizar la justicia es el daño más grave que Morena le hará al pueblo de México». Y no le falta razón. Esta reforma no busca resolver los problemas del sistema judicial, sino controlarlo, debilitando a México y a su república en el proceso.
Un país sin certeza
El resultado de estas reformas es un país sin certeza. No hay claridad en los procedimientos, ni en las elecciones judiciales, ni en el presupuesto necesario para realizarlas. Como lo señaló la senadora, incluso el INE parece tambalearse entre cifras contradictorias, mientras Morena celebra su «triunfo».
Pero, ¿qué celebra realmente el oficialismo? Porque lo único que se vislumbra tras esta reforma es un país donde la justicia será una herramienta del poder, no un pilar de la democracia. Y eso, como bien lo dijo Anaya, no le conviene a nadie.