Australia se sube al ring contra las redes sociales con un golpe que promete ser contundente: prohibir a los menores de 16 años usarlas. Con esta medida, respaldada por una de las leyes de internet más estrictas del mundo, el Parlamento busca “proteger” a los jóvenes de los supuestos daños digitales. Multas millonarias de hasta 32.5 millones de dólares serán la consecuencia para las plataformas que ignoren esta normativa.
El primer ministro Anthony Albanese asegura que esta legislación es un escudo para las infancias. Pero, ¿es realmente un acto de protección o una medida que genera más dudas que certezas? Mientras algunos grupos de padres aplauden con entusiasmo, otros, incluidos expertos en privacidad, se preguntan cómo se aplicará esta ley y si no abrirá más puertas de las que pretende cerrar.
Una medida sin precedentes, pero llena de lagunas
Con la edad mínima más alta establecida hasta ahora por cualquier país, esta prohibición no permitirá excepciones, ni siquiera para usuarios con permiso parental. Sin embargo, el proyecto aprobado por 34 votos contra 19 en el Senado aún tiene serias grietas.
Para empezar, no se ha definido exactamente qué plataformas estarán incluidas. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, adelantó que gigantes como Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram y X estarán en la lista negra, pero otras plataformas, como YouTube, podrían salvarse al no requerir cuentas para el acceso.
Por otro lado, la ley delega en las plataformas la responsabilidad de implementar tecnología de verificación de edad, un campo que sigue siendo un enigma. ¿Biometría? ¿Datos de identidad? Nadie lo sabe. Y mientras tanto, las VPN, esas aliadas silenciosas de los jóvenes, podrían convertir esta prohibición en un esfuerzo simbólico más que práctico.
¿Protección o invasión a la privacidad?
Aunque el gobierno promete ensayos rigurosos, la falta de claridad sobre cómo protegerán la privacidad de los usuarios preocupa a los críticos. Implementar tecnologías invasivas sin garantías reales parece más una invitación a abrir un nuevo frente de vulnerabilidades que un avance en seguridad.
Además, los menores que encuentren formas de evadir la restricción no enfrentarán castigos, dejando una puerta abierta para quienes quieran retar al sistema.
¿Salvar infancias o simplificar un problema complejo?
Es innegable que muchos padres sienten que han perdido la batalla contra la adicción digital. Amy Friedlander, una de las principales promotoras de la medida, resumió el sentir de muchos: “Nos han atrapado en una normalidad de la que nadie quiere ser parte”. Sin embargo, la solución de Australia parece más un gesto político que una respuesta efectiva a un problema complejo.
Proteger a las infancias es esencial, pero poner barreras sin garantizar que estas funcionen podría terminar siendo una fórmula para frustraciones masivas. Quizá, en lugar de leyes restrictivas, el debate debería centrarse en educar a los jóvenes y padres sobre el uso responsable de la tecnología.
Por ahora, Australia ha lanzado la primera piedra. ¿Será esta una medida efectiva o el inicio de un debate global lleno de contradicciones? Solo el tiempo lo dirá.