Continúan las tensiones entre el gobierno de Oaxaca y sus empleados de confianza, quienes denuncian ser obligados a participar en el «Mega Tequio de Reforestación» en la Mixteca sin ningún tipo de compensación. A los trabajadores se les ha informado que su participación en el evento es una condición para la renovación de sus contratos el 1 de julio, pese a no recibir viáticos, transporte, ni alimentación.
El evento, programado para el fin de semana del 29 y 30 de junio en San Juan Bautista Coixtlahuaca, está generando malestar entre los trabajadores, quienes ya enfrentan jornadas laborales de más de ocho horas. Muchos de ellos ven esta medida como una explotación innecesaria para mejorar la imagen pública del gobernador Salomón Jara.
“Nos están obligando porque necesitan que participemos, pero esto es un abuso”, comentan los empleados, quienes no descartan iniciar un paro si continúan las amenazas. Los trabajadores denuncian que deben cubrir de su bolsillo los costos de transporte, alojamiento y alimentos, lo cual agrava su situación económica.
Los trabajadores han hecho un llamado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que intervenga en esta situación, que consideran una violación de sus derechos laborales. “Nos están obligando a ir al tequio y si no lo hacemos, nos quedamos sin trabajo”, explican los afectados.
La titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca (SEBIENTI), Luz Alejandra Hernández Rojas, afirmó que simplemente está cumpliendo con las órdenes del gobernador. Según Hernández, la instrucción es clara: quienes no asistan al tequio serán dados de baja de la nómina estatal.
El plan es que alrededor de 1,300 trabajadores de confianza asistan al evento, equipados con casas de campaña y ropa adecuada para acampar en la zona, donde se esperan condiciones climáticas adversas, incluyendo lluvia y frío.
Ante esta situación, los trabajadores han solicitado la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, esperando que se protejan sus derechos y se evite la obligatoriedad de participar en una actividad que consideran riesgosa y económicamente perjudicial.