Una de las respuestas emblemáticas de los regímenes emanados del movimiento de 1910 como parte de los compromisos a cumplir con la mayoría de las fuerzas que sostuvieron una buena parte de la lucha armada que fueron los campesinos e indígenas, fue el establecer un programa de reconocimiento, regularización y titulación como bandera del pronunciamiento de la “Tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad” y la histórica lucha de los Pueblos y Comunidades Originarias que bajo los alegatos y defensa de sus territorios milenarios de “Y venimos a contradecir” como titularon sus escritos para que se les reconocieran y respetaran. Con personal fundamentalmente externo, y en no pocos casos citadinos, emprendieron los trabajos de medición, límites y asignación bajo criterios impuestos, corrompidos y ajenos a los poseedores históricos en especial a los de los Pueblos y Comunidades en que en no pocas ocasiones asistidos por personas de ellos que por hablar algo de la llamada entonces lengua nacional, se convirtieron en el mejor de los casos en justificadores de esas prácticas que hoy se le llama eufemísticamente la voz del pueblo cuando no en parte cómplice del despojo de mayor significancia que hayan experimentado los condenados de la tierra que por citar un ejemplo convirtió al primer promotor agrario de una de las tres regiones triquis en un cacique local con propiedades y riquezas que hoy hasta su tercera generación gozan de un producto de los reconocidos como “hijos predilectos de la revolución”.
Oaxaca como la entidad emblemática en ser depositaria de la mayor población originaria en donde más del 80% de las tierras son de propiedad social, comunal y ejidal, es en donde este contexto de despojo de hacer justicia a los campesinos e indígenasse expresa después de más de 100 años en los resultados asentados en decretos presidenciales casi irrebatibles, en luchas fratricidas, interétnicas sangrientas que enconan rencores, venganzas y conflictos cíclicos que cada vez con armamento y tácticas más sofisticadas producen masacres, secuestros, viudas, huérfanos y división creciente entre hermanos y vecinos. Hasta ahora en diagnósticos oficiales y estudios de investigación profesionales se reconocen más de 350 conflictos de los cuales es necesario reconocer que al menos 50 de ellos son de mayor prioridad y que todos se ubican en territorios en que se asienta población originaria destacando la región Mixteca y de la Sierra Sur sin que lugares como en el Istmo por la historia de poblamiento tardío de la población zapoteca dominante, Pueblos como el Ikoot, huave, enfrenten conflictos agrios álgidos que por las declaraciones y deslindes de los burócratas responsables? del tema agrario y de la gobernabilidad no lo entienden o pareciera que quieren salvar su responsabilidad siendo omisos y responsabilizando a otras administraciones.
En tanto competencia federal, las administraciones estatales tienen la responsabilidad de la gobernabilidad que se ve severamente afectada yagudiza por la falta de información fidedigna y precisa así como un síndrome de “no es tan grave porque hay pocos muertos” y lo que parce ser el signo de los tiempos “ son problemas heredados y los que nos antecedieron no hicieron nada” que además de convertirse en un distractor exhibe el manejo tan singular del español de estos próceres porque ese tipo de aseveraciones significan en cristiano que sí hicieron algo. Durante una pasada administración en Oaxaca se creó una dependencia del ejecutivo para tratar por medio de la conciliación el lograr acuerdos por el diálogo que con una efectividad en 37 años de poco más de 30 conflictos arreglados, arrastra más de 300 sin resolución positiva. Disminución mayor cada sexenio de los recursos para su operación, abordaje de los conflictos cuando ya hay enfrentamientos y muertos, falta de diagnósticos precisos, de fortalezas y debilidades, una estrategia específica que tenga su sustento en las partes involucradas, creación e imposición de medidas, programas e instancias al parecer de emergencia y momentáneas que no solo no contribuyen, sino que empeoran y tergiversan las opciones de solución.
Medidas como el impulso para rehacer las resoluciones agrarias vigentes, establecer mesas de análisis y establecimiento de procedimientos entre los interesados y los órdenes de gobierno, aplicación de medidas de distensión, acercamiento, asambleas inter comunitarias, una ruta de atención y solución preventiva y correctiva, así como bases de operación de seguridad y vigilancia entre otras, son medidas efectivas para abordar y caminar con los interesados y obligados a ir sustentando soluciones reales y efectivas más allá de declaraciones fáciles y temerarias que como en otros lugares del territorio nacional gobernantes y sus empleados sui génerispareciera quieren desembarazarse de su responsabilidad.
Gerardo Garfias Ruiz [email protected]